La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se reunió ayer con José Luis Ayllón, director de Presidencia y Asuntos Públicos de la CEOE y César Maurín, director de Digitalización, Comercio, Innovación e Infraestructuras para hacer frente común y lograr la modificación de la Ley de Desindexación que impulsa el Tercer Sector.
Durante la reunión, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, explicó que la ley de Desindexación de la Economía Española limita la revisión de precios en los contratos con la Administración Pública para la prestación de servicios, por lo que «las organizaciones sociales, con contrato con la Administración Pública, deben prestar los servicios sin variación de precios, durante toda la duración del contrato». Esta ley fue aprobada con el objetivo de hacer más competitiva la economía española, pero, «en el contexto económico actual, está perjudicando, gravemente, a las entidades sociales porque produce un desequilibrio económico entre las partes», ha indicado Poyato.
Nueva regulación por razones de interés social
A lo largo del encuentro, el vicepresidente de Incidencia Política, Diálogo Civil y Asuntos Públicos de la Plataforma del Tercer Sector, Luis Cayo Pérez Bueno, explicó la necesidad de eliminar la desindexación de contratos y conciertos públicos en materia de servicios sociales que se lleven a cabo con entidades del Tercer Sector, porque «los elevados niveles de inflación resultan deficitarios para las organizaciones». En este sentido, Pérez Bueno argumentó que resulta esencial que se regule legalmente la viabilidad de la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios, ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación o concertación del servicio, «por razones de interés social».
Por su parte, desde la CEOE señalaron que comparten muchos aspectos de la propuesta de modificación de la Ley de Desindexación que impulsa la Plataforma del Tercer Sector.
Del 0,7 al 1% para fines sociales
Durante la reunión, la vicepresidenta de Sostenibilidad Económica y Ambiental de la Plataforma del Tercer Sector, Asunción Montero, explicó quelas entidades sociales desempeñan un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social y son un aliado fundamental para el sector público. Y por eso, indicó Montero, es importante mejorar la sostenibilidad del Tercer Sector para que sea más estable, sostenible y garantista, y que se ajuste a la realidad de las entidades sociales del sector y el papel colaborador que prestan al Estado. En este sentido, la vicepresidenta presentó la propuesta de aumento del 0,7 al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a actividades de interés general consideradas de interés social, que impulsa la Plataforma del Tercer Sector y que permitirá a las entidades sociales contar con mayor estabilidad para planificar a largo plazo y aumentar su impacto social.
Casilla Empresa Solidaria
Por su parte, la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes, aprovechó la ocasión para agradecer la colaboración y el compromiso de la CEOE en la difusión de la campaña de la Casilla Empresa Solidaria y adelantó los datos provisionales obtenidos el año pasado.
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