El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en su sesión de este martes un conjunto de medidas para favorecer a colectivos vulnerables por importe global de 11,8 millones de euros, según ha informado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.
En este conjunto de medidas, se ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general con cargo al 0,7 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 2023, para lo cual se establece una cantidad máxima de 8.869.100 euros.
La finalidad de estas ayudas, según ha explicado la portavoz, es subvencionar total o parcialmente proyectos que desarrollen entidades del Tercer Sector o Cruz Roja Española durante el ejercicio de 2024, que deberán estar destinados a personas en situación de pobreza, exclusión social u otras circunstancias especiales de vulnerabilidad.
Entre esos proyectos se incluyen planes de formación, de inserción sociolaboral o de atención sociosanitaria a estas personas, ha agregado Victoria Bazaga.
El Consejo de Gobierno ha autorizado también la contratación de 44 plazas en pisos supervisados para personas con discapacidad y trastorno mental grave en las localidades de Don Benito, Zafra y Almendralejo con el fin de asegurar la atención que vienen recibiendo los usuarios de este servicio, cuyo presupuesto asciende a 2.362.248 euros, cofinanciados por el FSE (85%).
Según Bazaga, los beneficios que aportan las «comunidades normalizadas» consisten en «mejorar la calidad de vida» de esas personas y, en este sentido, ha asegurado que «vamos a seguir trabajando desde el gobierno» para atender a quienes «lo necesitan más».
En materia de dependencia, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, por un importe de 648.512 euros, del servicio de atención telefónica Call Center para informar y orientar a las personas mayores, personas con discapacidad, con trastornos asociados a la salud mental o que se encuentren en cualquier otra situación de dependencia.
Se trata, ha añadido, de un servicio «que está integrado en el SEPAD» y que presta apoyo «a quien lo necesite, desde el lugar que lo necesite y en cualquier momento».
Por otra parte, se ha autorizado la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del centro sociosanitario de Plasencia, adscrito al SEPAD, con un presupuesto de 1.390.889 euros para un período de 24 meses.
Más información y fuente; JUNTA DE EXTREMADURA
